Foto: Caroline Ferraz/Sul21

La tragedia de Río Grande do Sul es el punto de referencia de la situación nacional, con todos los esfuerzos centrados en el rescate y la solidaridad con cientos de miles de personas afectadas. El debate presupuestario en el parlamento y en el gobierno prevalece sobre todos los demás temas. Las noticias no son diferentes, y en las redes sociales, enfrentamos una batalla contra las noticias falsas impulsadas por los negacionistas climáticos bolsonaristas.

Numerosos estudios ya han demostrado cómo un modelo económico depredador y las políticas de austeridad de los gobiernos dejan desprotegidos a los territorios más vulnerables. El retroceso es enorme y tiene culpables: los intereses del agronegocio, las mineras, los bancos y otros capitalistas que produjeron la tragedia, así como los políticos asociados a ellos.

La ola de solidaridad y la necesidad de un movimiento de los afectados por las inundaciones

Lo que se observó fue una ola de solidaridad sin precedentes. Entidades, asociaciones, sindicatos, DCEs, gimnasios privados abrieron sus puertas y organizaron puntos de recolección, cocinas y refugios. Las redes de recolección de donaciones se multiplicaron. Los vecinos actuaron como un cuerpo de defensa civil salvando y rescatando personas y animales.

Este escenario contrastó con la hipocresía de los grandes empresarios y los políticos bolsonaristas, como Luciano Hang y los diputados ruralistas, que se presentan como héroes, pero que en realidad siempre negaron los impactos del cambio climático y continúan defendiendo el “estado mínimo” para justificar la falta de preocupación social e inversión pública.

La fuerza de esta colectividad popular debe ser el motor de un movimiento continuo para satisfacer todas las demandas urgentes e inmediatas y se desarrollará en la disputa sobre el proceso de “reconstrucción del estado”. Se necesitarán años, no solo para reconstruir lo que fue destruido, sino también para garantizar que toda la población esté protegida en el futuro contra nuevos eventos extremos, que se volverán cada vez más comunes.

La lucha por una vivienda digna y segura, a través de una verdadera reforma urbana, junto con la lucha por salarios mejores, empleo y una asistencia social efectiva, debe ser el eje de acción de un movimiento social y popular. Hay cientos de propiedades vacías, públicas y privadas, ligadas a la especulación inmobiliaria que deben servir para garantizar la vivienda popular. Afortunadamente, esta propuesta ya está comenzando a circular, incluso a nivel institucional, como una de las alternativas para enfrentar esta grave crisis habitacional que atraviesa el Estado.

Es el momento de extraer lecciones y apoyar las demandas, que pasan por la organización de los desplazados, el control y la distribución de alimentos y donaciones, para que los nuevos marcos de reconstrucción sean definidos democráticamente por el pueblo organizado y los movimientos sociales.

La suspensión de la deuda muestra que hay recursos

La crisis es tan profunda y afecta de tal manera a un Estado importante que la propia burguesía se ve obligada a adoptar medidas excepcionales, como apoyar la suspensión del pago de la deuda del Estado con la Unión. Con una deuda de R$ 98 mil millones, la importante medida tomada por el gobierno de Lula representará R$ 11 mil millones mantenidos en Río Grande do Sul durante tres años. Solo en intereses, serían más de R$ 12 mil millones si el pago se mantuviera, superando el monto total de la deuda y, por consiguiente, demostrando que el pago de la deuda está al servicio del sistema financiero y la usura.

Río Grande do Sul tiene una importancia en la acumulación de capital, garantizando gran parte de la producción de arroz, maquinaria agrícola y exportación de soja. La burguesía no podría simplemente dejarlo atrás y verlo convertirse en un escenario de revueltas, ni dejar de lado el papel de Rio Grando do Sul en la cadena productiva nacional, por lo que se ve obligada a aceptar medidas excepcionales, como la concesión de una ayuda de emergencia de R$ 5 mil a las familias afectadas.

El Estado sufrirá empobrecimiento y podría experimentar un gran retroceso social durante la reconstrucción. Para enfrentar esta situación, la lucha sobre quién debe pagar la cuenta será dura, después de todo, esta factura debe ser pagada por aquellos que acumulan riquezas y son los menos afectados. La suspensión del pago de la deuda indicó que la presión popular puede obtener logros materiales y debe seguir garantizando el acceso de toda la población a todos los medios necesarios para reconstruir la infraestructura del Estado y las vidas de las familias afectadas.

Esto traerá a colación enormes discusiones programáticas que involucran precisamente la cuestión del programa ambiental, la lucha ecológica y la lucha que implica la lucha contra el negacionismo climático.

Construyendo un movimiento de los afectados por las inundaciones de 2024

Hay muchas demandas. La inmediata es la del servicio en los refugios, y la central es garantizar la vivienda. Pero aún tenemos la demanda de ayuda de emergencia, crédito, cancelación de deudas, suspensión de pagos de impuestos. Son demandas tan importantes que llevaron a la medida excepcional de suspender el pago de la deuda del Estado con la Unión y la creación, por parte del gobierno federal, del Ministerio de Reconstrucción.

Para satisfacer tantas demandas, se necesita organización. Una organización que busque construir un movimiento, centralizar las negociaciones, controlar el poder público, supervisar la implementación de las medidas anunciadas. No se puede simplemente esperar a los gobiernos, la sociedad (especialmente la clase trabajadora del campo y la ciudad, la juventud y el pueblo pobre) debe tener protagonismo y organizarse para defender sus derechos y sus intereses.