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El impasse generado por la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio ha agravado la crisis institucional que arrastra el país desde hace años. Tras la proscripción de varios partidos, incluidos los de izquierda como el PCV, la prohibición de varios candidatos de la oposición y el impedimento de votar a casi siete millones de exiliados (25% de la población), el recuento de votos siguió la misma lógica de atropello y falta de transparencia. Casi a las 2 de la madrugada del lunes 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que, con el 80% de las urnas supuestamente escrutadas, Maduro había ganado con más del 51% de los votos. Otro recuento, con más del 90% de las urnas escrutadas, no se conoció hasta cinco días después, el 2 de agosto. Por otro lado, María Corina Machado, la ultraderechista catapultada a líder de la oposición, y Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro, salieron a la prensa declarándose vencedores, afirmando tener más del 70% de los votos, pidiendo al CNE que muestre las actas electorales y publicando una página web con su recuento paralelo presentado en detalle.

Desde la madrugada del lunes, el descontento se ha apoderado del país. Las principales ciudades vivieron fuertes protestas. Los manifestantes tomaron Caracas, incluso en barrios populares como 23 de Enero y Petare. La respuesta del gobierno fue la represión total. El número de muertos se ha elevado a 19, con casi 1.500 personas detenidas, la mayoría jóvenes confinados ahora en dos cárceles de máxima seguridad, así como acoso y amenazas de todo tipo contra dirigentes populares y de la oposición. En los últimos días, a medida que crecían los cuestionamientos internacionales a los resultados -sobre todo los inesperados de Brasil, Chile y Colombia-, Maduro endureció su discurso, prometiendo construir dos cárceles más para los manifestantes y anunciando una intervención en las redes Whats App y Telegram -que de hecho ha comenzado-. Los presos están acusados de terrorismo, lo que supone penas mínimas de 10 años.

Una situación muy compleja y muy a la defensiva, como parte de las inmensas contradicciones de la situación regional e internacional. Financiado por sus Fuerzas Armadas (cuyos altos mandos son socios directos en los manejos corruptos del gobierno), con el apoyo de Rusia y, más discretamente, de China, Maduro está consolidando su giro autoritario. Lamentablemente, la oposición que encabeza las protestas está liderada por el ala más extrema de la derecha “escuálida” venezolana, representada por María Corina Machado. Javier Milei celebró las protestas, al igual que Trump y Bolsonaro, difundiendo la narrativa mentirosa de que Madura sería de izquierda y comunista.

De momento, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Antony Blinken, defiende los datos que corroboran la versión de la victoria de la oposición, basados también en informaciones del Centro Carter, la única organización internacional supuestamente independiente autorizada a supervisar las elecciones.

Contradictoriamente, la política del imperialismo norteamericano es, por un lado, atacar a Maduro -acusándolo de fraude- pero, por otro, mantener un canal de contacto con el gobierno venezolano, principalmente a través de Lula, López Obrador y Gustavo Petro, con quienes la Casa Blanca mantiene conversaciones permanentes. Parece (es una hipótesis) que, con grandes problemas internos (elecciones muy disputadas en EEUU) y externos (agravamiento del conflicto en Oriente Medio), la administración demócrata intenta al menos aplazar un enfrentamiento en lo que considera su “patio trasero”.

Así, importantes países alineados con el campo progresista han estado haciendo esfuerzos para mediar en el conflicto y evitar el “baño de sangre” que Maduro ha proclamado (de hecho, insinuando que la oposición de extrema derecha provocaría un baño de sangre). La nota conjunta de los tres países reza así:

Estamos siguiendo muy de cerca el proceso de recuento de votos y hacemos un llamamiento a las autoridades electorales venezolanas para que avancen con celeridad y den a conocer públicamente los datos desglosados por colegios electorales(…) Las controversias sobre el proceso electoral deben dirimir por los cauces institucionales. El principio fundamental de la soberanía popular debe respetarse mediante la verificación imparcial de los resultados.

Es fundamental para la izquierda, y para la izquierda socialista en particular, defender la transparencia, la entrega de todas las actas, el fin de la represión y la libertad de los presos políticos y de los partidos y movimientos sociales ilegalizados. Defender las libertades democráticas no es un crimen contra el proceso bolivariano (o la revolución), como sostienen el Foro de São Paulo y otros campistas filo estalinistas de toda América Latina. Es una incoherencia que quienes tanto insistieron en Brasil en la necesidad de frentes lo más amplios posibles para enfrentar al bolsonarismo (entre ellos Alckmin y, cotidianamente, Gilberto Kassab y el Centrão) sean los mismos que hoy desprecian los argumentos democráticos por “liberales” o incluso “imperialistas” cuando se trata del régimen de Maduro o de la pareja Ortega en Nicaragua. Si la democracia formal es despreciada en Venezuela y Nicaragua, ¿por qué es tan importante cuando se trata de Brasil o Argentina?

Si bien es cierto que la democracia burguesa neoliberal es absolutamente insuficiente, intrínsecamente corrupta y antipopular, también lo es que sin libertades básicas, en particular la libertad de luchar y organizarse, ya sea en asociaciones, ONGs, sindicatos o partidos, la situación es aún peor para los de abajo. Creemos que, dadas estas condiciones, Brasil, Colombia y México pueden jugar un papel progresista, evitando más represión, frente a una situación complicada y defensiva para las mujeres, trabajadores y la verdadera izquierda venezolana.

Comprender el proceso y sus retrocesos.

Somos parte de la izquierda internacional que apoyó, defendió y participó en la Revolución Bolivariana, que llevó a Hugo Chávez a Porto Alegre en el Foro Social Mundial de 2003, que se sumó en numerosas campañas de solidaridad, que intercambió militantes con Marea Socialista, Luchas y otras organizaciones sociales y populares del país hermano. Respaldamos y nos involucramos con las iniciativas del Centro Miranda, como espacio de pensamiento crítico, en el auge del proceso bolivariano, impulsado por la verdadera insurrección popular que derrotó el golpe de Estado de 2002.

Para muchos en Venezuela y fuera de ella, el madurismo es simplemente la continuación de los gobiernos de Chávez y de las luchas anticapitalistas de las trabajadoras y del pueblo de Venezuela al inicio del siglo. Pero, gran contradicción, esto sucede en un sentido aparente, pero no esencial. Los medios de comunicación corporativos y la izquierda filo stalinista pro Maduro tienen en común la insistencia en asociar el madurismo con el chavismo, manchando de autoritarismo y corrupción el legado de la revolución bolivariana. En contra de esta falacia, Maduro y su régimen, que nacieron como sucesores del chavismo original, están enterrando de forma termidoriana el proceso de poder popular iniciado con la revuelta masiva del Caracazo de 1989 y consolidado con la victoria de la resistencia al golpe de 2002, que llevaron y consolidaron a Hugo Chávez en el poder.

El Caracazo fue una expresión de la insurrección social contra los altos precios, las malas condiciones de vida, los ajustes neoliberales y la democracia de fachada de finales de la década de 1980. Inauguró un nuevo período histórico en la sociedad venezolana, que tuvo impacto en todos los estratos sociales, incluso en las Fuerzas Armadas. La victoria electoral de Chávez en 1998 representó un cambio de régimen y hizo que el país saltara del sistema político antidemocrático y neoliberal del llamado Pacto del «Punto Fijo» (que imponía una alternancia de poder entre los partidos oligárquicos COPEI y Acción Democrática). Este pacto amparaba el monopolio del petróleo y de la renta nacional por parte de aquella oligarquía burguesa. A partir de 1998, el país inició un período de uno de los regímenes más democráticos que había tenido Venezuela, con elecciones de constituyentes, representantes, gobernantes y jueces. El trauma de la brutal represión de los tiempos del Pacto del Punto Fijo tuvo como efecto el surgimiento de una corriente de masas, democrática y socialmente progresista, en el seno de la baja y media oficialidad.

Quienes asocian la fuerza de Chávez al autoritarismo o a la centralización se equivocan. Venezuela experimentó cambios radicalmente democráticos: la elección constituyente de 1999 fue considerada un ejemplo para el conjunto del continente. El país celebró diversas elecciones, legalizó miles de sindicatos, centrales, asociaciones y otros espacios de protagonismo popular. Se instituyeron los poderes comunales, se territorializaron las demandas de la sociedad y se establecieron plebiscitos populares como mecanismos de validación de temas centrales. Chávez reconoció su derrota en uno de los plebiscitos más importantes de 2007. Al contrario de lo que se pueda pensar, el proceso no solo no se estancó, sino que se profundizó con la victoria del pueblo frente al golpe de 2002. Abandonado momentáneamente por cualquier sector burgués, y presionado por su base por más de mil comités de fábrica en expansión, el gobierno de Chávez lanzó entonces el proyecto de una economía de transición hacia el socialismo.

En 2013, con la muerte de Hugo Chávez y su sustitución por Nicolás Maduro, se inició una intensa discusión sobre el futuro del proceso venezolano basada en un documento «rectificador» conocido como «Golpe de Timón». Tal documento no era más que una profunda autocrítica de quienes permanecieron en el poder para reformar los cimientos del proceso, luchando contra los sectores burocráticos incrustados en el aparato del Estado, contra los privilegios y los riesgos de la «boliburguesía» (una nueva burguesía nacida en el periodo chavista, principalmente en torno a los negocios de los servicios de la empresa estatal del petróleo PDVSA).

La muerte prematura de Chávez agravó aún más las contradicciones del proceso de una Venezuela entre dos fuegos: Por un lado, la creciente burocratización de las élites dirigentes y, por otro, la asfixia generada por el bloqueo imperialista estadounidense que, desestabilizando la economía trágica y profundamente dependiente de la producción y exportación de petróleo y gas, amenazaba gravemente las conquistas de la revolución bolivariana en los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda y las condiciones salariales. Consciente de las limitaciones nacionales, Chávez trató de aproximarse a posiciones internacionalistas, llegando a defender la necesidad de una V Internacional, formada por líderes de la izquierda radical, y abogó por una visión que denominó «Socialismo del Siglo XXI».

Es obvio que Chávez tenía limitaciones de programa, originadas en su origen militar, en las condiciones internacionales desfavorables y en las propias tensiones del proceso, que le impidieron dar pasos hacia una verdadera democracia socialista. Tampoco rompió con la idea de un desarrollo basado en la riqueza extractiva.

El agravamiento de la crisis de 2013 (con la caída de los precios internacionales de las materias primas y el aislamiento económico impuesto por EE. UU.) se encontró con un régimen más autoritario, de concentración de poderes, en Nicolás Maduro y su entorno burocrático, que hicieron retroceder las conquistas y aperturas democráticas del período anterior. La segunda década del siglo asistió al agravamiento brutal de la crisis económica y social en el país, con el exilio económico de entre 5 y 7 millones de venezolanos, acosados por la necesidad de aplicar más ajustes, la inestabilidad monetaria y económica (porque Maduro jamás rompió con los preceptos del banco internacional), la falta de alimentos, medicamentos, transporte, etc. Esos venezolanos, sin perspectivas, se fueron principalmente a Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile y Brasil, donde tuvieron que aceptar peores condiciones laborales, más inseguridad y estar más lejos de sus familias y de la vida que habían construido en el país de origen.

Sin poder exportar al Occidente, con activos congelados en el mercado financiero internacional y con la oposición de la derecha en auge, Maduro reafirmó su alianza con los imperialismos chino y ruso, consolidó su giro represivo y, en los últimos dos años, consiguió reconstruir parte de la infraestructura destruida por el bloqueo: transporte, vivienda, medicamentos, en una dinámica más significativa para las clases medias que para los más pobres. En el ámbito político, la represión se intensificó en su izquierda: intervino en el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y en otros partidos de izquierda, impidió cualquier candidatura crítica, tildó de corruptos a quienes denunciaron la corrupción en el Gobierno y en las empresas estatales, entre otros ejemplos.

La extrema derecha quiere utilizar el descontento para imponer un régimen antiguo.

La extrema derecha venezolana, neoliberal y violenta, sedienta de poder, asentada en Miami, manipula el sufrimiento del pueblo en favor de sus intereses particulares y quiere utilizar a Venezuela como plataforma para favorecer a Trump. Maria Corina y Edmundo González son parte del bloque histórico derrotado por Chávez y la Revolución Bolivariana. Este bloque quiere volver al poder para apoderarse de la renta petrolera a costa de la expoliación de los trabajadores y del pueblo venezolano, como en otro momento hicieron AD y Copei. Quieren aprovecharse de la situación defensiva para retomar el control del Estado al servicio de un proyecto conservador, antipopular y destructor del medioambiente, en una restauración mal repaginada del Pacto del Punto Fijo.

Los opositores de hoy están alineados con golpistas contumaces, como Leopoldo López y Juan Guaidó. ¿Cómo olvidar las desastrosas tentativas de invasión del espacio venezolano en la frontera con Colombia y Brasil, seguidas de acciones contra la embajada de Venezuela en Brasil en 2019?

Es una completa hipocresía que Trump, Bolsonaro y Milei clamen por la democracia en Venezuela. Son los herederos actuales de dos de las dictaduras más sanguinarias que sufrió América Latina en el siglo pasado. Diputados del partido de Milei visitaron la semana pasada al genocida Alfredo Astiz en la prisión de Buenos Aires. Bolsonaro alimentó y protegió su «estado profundo» con milicianos y las alas más podridas del Ejército y de los cuerpos de policía. Trump reverencia al Ku Klux Klan en Estados Unidos, apostando por el séquito supremacista blanco para volver a la Casa Blanca. Retroalimentándose a través de la represión de Maduro, los líderes de la extrema derecha quieren controlar y coordinar los protestas con falsas alegaciones de libertad y democracia.

En defensa de las garantías democráticas.

La negativa de Maduro a publicar las actas electorales no es un hecho aislado, sino que forma parte de su visión autocrática de un gobierno de aparato, vinculado a la burocracia y al ejército, que ataca a cualquier oposición, de izquierdas o de derechas. Maduro, según escribió Sylvia Colombo en Folha de S. Paulo, hizo una serie de acuerdos con empresas estadounidenses, que han falseado su discurso de que el petróleo es venezolano. Esto explicaría el nuevo emplazamiento del lobby del petróleo:

Puede parecer extraño que esa versión [de que Venezuela es contraria a los negocios] se haya impuesto en un sector del alto empresariado internacional, ya que Venezuela es un país en penuria financiera, endeudado y que necesita las inversiones extranjeras en diversos sectores. Sin embargo, para ese sector de la economía, poco parecen importar los abusos de derechos humanos, la pobreza y la salida del país de un 25 % de la población. De hecho, ha habido una reducción de la inflación y una dolarización precaria fortalece ese discurso de normalización. En una conversación con la columna, un líder opositor de Washington afirma que los propios republicanos, que en el pasado habían apoyado abiertamente la fracasada empresa de Juan Guaidó, hoy preferirían no arriesgarse a apostar por otro líder opositor, pues temen el regreso de algunos de ellos, que hoy se encuentran exiliados.

Nos sumamos a la exigencia de transparencia de Petro, López Obrador y Lula para evitar una tragedia mayor y garantizar las libertades democráticas y asociativas, sin perder la soberanía nacional y popular. Estamos en una situación defensiva. No hay una solución fácil o avanzada para el actual impasse. Queremos seguir estableciendo puentes con la izquierda venezolana y contribuir con ella en sus futuras batallas. Defendemos el derecho al voto y el regreso de los siete millones de exiliados venezolanos.

Defendemos también los derechos de los venezolanos que viven en Brasil, independientemente de sus posiciones políticas, combatiendo la xenofobia y ampliando la solidaridad con todos los inmigrantes en el país.

Una izquierda para otro futuro

Nuestro esfuerzo también está dirigido a dar voz a la izquierda venezolana, que no está asociada ni a Maduro ni a Corina Machado. Son miles de activistas que luchan en condiciones adversas, marcadas por el caos económico y la persecución, pero que forman parte de las grandes batallas del pueblo venezolano en los últimos cuarenta años. Así como hicimos recientemente en el caso de Nicaragua, en el que apoyamos la lucha contra el régimen de Ortega a través del apoyo a la compañera Mónica Baltodano en su visita a Brasil, para disputar el apoyo de la opinión pública contra aquellos que, de forma insensata, acusaban a los nicaragüenses que luchaban de “hacer el juego de la derecha”.

La posición expresada en el documento Otra Campaña, que cuenta con la participación de destacados intelectuales de izquierda, activistas sindicales, dirigentes de organizaciones de la izquierda radical, indica que existe espacio para las movilizaciones de los disidentes de izquierdas con los que nos vinculamos, incluso en una situación muy difícil. En eso radica nuestra apuesta para la reconstrucción de un programa y un proyecto democrático-revolucionario, como en el auge de las grandes expropiaciones de tierra y de las fábricas ocupadas de 2002 a 2004, como en el vivo proceso de discusión sobre la cogestión obrera de aquel entonces, en las grandes asambleas de barrio que movían el protagonismo popular de la época chavista o cuando los cerros de Caracas fueron a Miraflores a impedir el golpe de 2002. Por ahora, los esfuerzos y la memoria de los grandes logros del pueblo venezolano siguen resistiendo. Apostamos a que la fuerza de la lucha democrática y anticapitalista será decisiva para superar los adversos escenarios que están por venir.

Secretariado Nacional del MES (Movimento Esquerda Socialista, organizaçión política fundadora do PSOL).

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