En julio de 2024 publicamos un artículo en el que analizábamos los escenarios posibles para las elecciones presidenciales venezolanas. En aquel texto abordamos el carácter del gobierno y del régimen político vigente en Venezuela a la luz de una serie de hechos que ya indicaban el agotamiento definitivo de cualquier vestigio democrático del régimen de Nicolás Maduro. La proscripción sistemática de organizaciones y partidos de izquierda, así como la entonces reciente intervención directa en el Partido Comunista de Venezuela, evidenciaban que el régimen había roto definitivamente con las libertades políticas elementales, avanzando hacia una forma de dominación abiertamente autoritaria — la negación concreta de aquello que fue, en su origen, la Revolución Bolivariana.

En el mismo sentido, la imposición de las Zonas Económicas Especiales, amparadas por las llamadas Leyes Antibloqueo, representó un salto cualitativo en la desnaturalización del proyecto bolivariano. Estas medidas atropellaron la Constitución de 1999, que consagraba la soberanía nacional sobre todo el territorio venezolano, abriendo el camino para la entrega de riquezas estratégicas al capital internacional, en particular al imperialismo, bajo la gestión directa de una burocracia estatal profundamente divorciada de los intereses populares.

La concentración de la renta petrolera en manos de una nueva clase social, formada en el seno de la propia Revolución Bolivariana, sumada a la incapacidad del gobierno para satisfacer las necesidades más elementales de la población venezolana, fue erosionando progresivamente la base social que sostuvo a Chávez. Ya sin Chávez y bajo el impacto del bloqueo económico, las reivindicaciones populares por mejores condiciones de vida comenzaron a ser respondidas con represión, lo que profundizó el descontento social y abrió el camino para el fortalecimiento de la extrema derecha. Este conjunto de factores creó las condiciones para el golpe final del imperialismo norteamericano.

Sería un error, sin embargo, atribuir la derrota de la Revolución Bolivariana exclusivamente a la intervención militar de Estados Unidos. Más allá de los factores internos que condujeron al fracaso del programa impulsado por Hugo Chávez, la coyuntura internacional también contribuyó al aislamiento progresivo del proceso bolivariano y a su posterior retroceso. Chávez defendía un programa de confrontación con el imperialismo y una política de unidad latinoamericana en torno a ese proyecto, materializada en la ALBA y en un nuevo modelo de integración regional. En el plano interno, aunque nunca avanzó en la expropiación del sistema financiero, mantuvo una política de confrontación con la burguesía nacional y de redistribución de la renta petrolera.

La victoria de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador representó, en cierta medida, la continuidad del bolivarianismo en América Latina. Los gobiernos del PT en Brasil, en cambio, avanzaron en sentido contrario a ese proyecto. Lula y el PT llegaron al gobierno con un programa de conciliación de clases, basado en un proyecto de integración subordinada al orden liberal-burgués y a la globalización neoliberal. En oposición a la ALBA, el MERCOSUR expresó una forma de integración capitalista del continente. Los gobiernos de Lula nunca tuvieron una orientación antiimperialista; por el contrario, consolidaron la condición subimperialista de Brasil en relación con las demás naciones latinoamericanas. Esta posición chocaba frontalmente con la Venezuela bolivariana de Chávez. Por ello, el papel de los gobiernos petistas frente a la Revolución Bolivariana fue, desde el inicio, el de contener su posible expansión.

Es decir, la derrota de la Revolución Bolivariana fue el resultado de una combinación de factores: la ausencia de una profundización del proceso revolucionario, la no nacionalización del sistema financiero, la incapacidad de extender la revolución al conjunto del continente, además de la acción de elementos burocráticos que secuestraron el proceso. A ello se suma el caudillismo que caracterizó tanto al gobierno de Hugo Chávez como al de Maduro, marcado por la desconfianza hacia el movimiento de masas y por la ausencia de una política de autoorganización popular.

En este sentido, nuestra comprensión diverge profundamente de las posiciones campistas. Esto, sin embargo, no altera un punto fundamental: es necesario denunciar, sin ambigüedades, la agresión imperialista contra Venezuela. La invasión de un país soberano constituye una violación flagrante del derecho internacional y representa una amenaza directa a la soberanía de los demás países latinoamericanos, particularmente Cuba. Del mismo modo, Estados Unidos no posee ninguna legitimidad para secuestrar, juzgar o condenar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores. Exigimos su liberación inmediata. También condenamos el bloqueo económico impuesto a Venezuela, que castiga brutalmente al pueblo trabajador, profundiza la miseria y sirve como justificación para el fortalecimiento del aparato represivo y del control social por parte del régimen.

La defensa de la soberanía venezolana no puede servir como cortina de humo para encubrir la realidad concreta del régimen. Es necesario afirmar con todas las letras: desde hace mucho tiempo la burocracia estatal venezolana, asociada a una nueva clase social surgida en el interior del propio proceso bolivariano — la llamada boliburguesía —, se ha apropiado del aparato del Estado para satisfacer sus intereses materiales, promoviendo la degeneración del proceso iniciado con Hugo Chávez en 1998.

La intervención de EE. UU., el bloqueo económico y el cerco militar no resolvieron — ni resolverán — los problemas enfrentados por el pueblo en las calles de Caracas. La historia reciente es elocuente: Irak, Afganistán, Panamá, entre muchos otros ejemplos, demuestran que la intervención imperialista solo profundiza el caos, la violencia y la dependencia. En el caso venezolano, estas agresiones externas fueron instrumentalizadas por el gobierno para ampliar el Estado policial, intensificar la represión y restringir aún más las libertades políticas de una población ya privada de lo más elemental. No obstante, es falso atribuir exclusivamente al bloqueo la crisis social: incluso antes de su imposición, en 2014, la población ya sufría los efectos de una política económica orientada a beneficiar a una minoría privilegiada.

En el artículo de 2024 señalábamos dos escenarios posibles. Hoy, ni siquiera es posible afirmar cuál de ellos se confirmó, ya que los resultados electorales jamás fueron plenamente divulgados. El CNE nunca publicó las actas de cada mesa. Aun así, Maduro fue investido presidente, pese a las innumerables denuncias de fraude y a las dudas planteadas incluso por gobiernos aliados, como el del presidente Lula, en Brasil, que no reconoció oficialmente los resultados.

En aquel momento ya afirmábamos que la pérdida de legitimidad de Maduro era profunda y se debía, en gran medida, a su incapacidad para responder a las necesidades más básicas de la población trabajadora. Los acontecimientos posteriores confirmaron este análisis. Trump inauguró una nueva etapa de la ofensiva imperialista en América Latina al secuestrar al presidente de un país soberano. En 2002, cuando Hugo Chávez fue secuestrado, la respuesta popular fue inmediata: cientos de miles salieron a las calles, marcharon sobre Caracas, paralizaron el país e impusieron su restitución. No hubo espacio para la negociación ni para la capitulación.

El 5 de enero de 2026, sin embargo, pocas horas después del éxito de la operación de las fuerzas especiales de EE. UU., los hermanos Rodríguez — Delcy y Jorge Rodríguez —, con el aval de Diosdado Cabello, ya iniciaban negociaciones con la Casa Blanca. Una semana después, una delegación diplomática estadounidense desembarcaba en Caracas para reabrir la embajada de EE. UU. Se consolidó así la conversión del gobierno venezolano en gestor político de un protectorado norteamericano.

En Venezuela no existen soluciones fáciles. Pero cualquier salida pasa, necesariamente, por un análisis concreto de la realidad concreta. No había democracia bajo Maduro, y la intervención imperialista tiende precisamente a profundizar el autoritarismo. La crisis social se agrava desde 2014, tanto a causa del bloqueo económico impuesto unilateralmente por EE. UU. como por la gestión burocrática, corrupta y antipopular del gobierno. Desde la muerte de Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana viene siendo sistemáticamente desmontada, con la supresión de derechos sociales históricos. A pesar de los esfuerzos de Chávez y de la lucha de los trabajadores y campesinos, Venezuela no rompió con su estructura productiva dependiente de la renta petrolera.

A lo largo de los últimos años, Venezuela — que fue una referencia para la vanguardia política mundial — perdió protagonismo y capacidad de movilización. Esta pérdida de centralidad política y social fue uno de los factores que abrió espacio para la ofensiva imperialista de Trump.

Ante esta nueva situación, en la que la ofensiva imperialista y neocolonial de Trump se presenta sin disfraces, se impone la necesidad de iniciar una lucha continental contra el imperialismo, aprovechando las contradicciones que esta ofensiva producirá en las propias burguesías nacionales. Fundamentalmente, será necesario construir la más amplia unidad de acción antiimperialista para enfrentar este nuevo período, que todo indica será largo. Sumarse a las diversas iniciativas de solidaridad con el pueblo venezolano será parte central de este esfuerzo de unidad de acción, y la I Conferencia Internacional Antifascista, en Porto Alegre, en marzo de 2026, será un momento estratégico para realizar un balance de estas iniciativas, profundizar la articulación internacional e impulsar nuevas acciones en el enfrentamiento al imperialismo norteamericano.

Soy Antonio Neto, militante del MES y miembro de la Comisión Internacional. Viví en Venezuela entre 2007 y 2009, militando en Marea Socialista, corriente política afiliada al PSUV. Fui miembro del consejo editorial del periódico homónimo, participé en el congreso de fundación de la Juventud del PSUV y en las plenarias convocadas por Hugo Chávez para la construcción de la V Internacional. Fui testigo de la victoria de Chávez en referendos revocatorios y participé en la campaña victoriosa de los trabajadores de Sidor por la nacionalización de una de las mayores siderúrgicas de las Américas.

El MES, corriente en la que milito desde 2002, estuvo en la vanguardia de la lucha en solidaridad con Venezuela. Junto con ATTAC Brasil, el mandato de la compañera Luciana Genro fue responsable de la primera visita de Hugo Chávez a Brasil, durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en enero de 2003, pocos meses después del intento fallido de golpe y mientras el país aún se recuperaba del paro petrolero organizado por la oposición de derecha.

En nombre del internacionalismo revolucionario que nos inspira, regresé varias veces a Venezuela entre los años 2005 y 2014 y pude acompañar de cerca la ruptura progresiva entre el gobierno y los intereses de la mayoría de la población trabajadora.

FIN